Rechazaron el intento de acuerdo de Oscar González y acusaron al gobierno de Córdoba de responsabilidad institucional.

En el marco de la causa judicial por la tragedia vial ocurrida en el Camino de las Altas Cumbres, la familia de Alexa Bengoa expresó su rotundo rechazo a la solicitud de probation presentada por la defensa de Oscar González, exlegislador de la provincia y conductor del vehículo que causó el fatal siniestro.

La propuesta incluía un resarcimiento económico, pero no implicaba reconocimiento de culpabilidad ni afrontaba una condena penal. La querella anticipó que continuará el proceso judicial hasta alcanzar una condena con reparación civil integral.

González está imputado por los delitos de homicidio culposo agravado y lesiones graves, además de estar bajo investigación federal por presunto enriquecimiento ilícito.

En Última Pregunta dialogamos con Gustavo Álvarez, padre afín de Alexa quien se manifestó con dureza: “En estos tres años tuvimos tres instancias en las que Oscar González intentó comprar nuestro silencio”.

Según el padre de Alexa, el exlegislador utilizó un auto oficial que “funcionaba como un arma entregada por el gobierno”. En esa línea, apuntó directamente a las autoridades provinciales: “No solo está demostrada la responsabilidad penal de González, también la responsabilidad civil del gobierno de Córdoba”.

El padre de Alexa aseguró que la joven sufrió lesiones gravísimas y necesita un tratamiento médico que asciende a 25 millones de pesos mensuales. “Alexa necesita un acompañamiento día a día que cuesta 25 millones al mes durante toda la vida”, advirtió. 

Además, denunció que tras el accidente González habría intentado evitar que las menores recibieran atención médica adecuada: “Quiso trasladarlas al hospital de Villa Dolores argumentando que no había camas en el Hospital de Niños. Sabía que en Villa Dolores no podían atender una emergencia así. Era una maniobra para que no sobrevivieran”.

La familia pidió que este caso no quede impune ni se repita el patrón de impunidad institucional: “No voy a permitir que se haga como en otros juicios donde la justicia determina que hubo violencia institucional, pero ningún funcionario termina imputado”.

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