La niña de 11 años terminó con un 20% de incapacidad y asiste a clases bajo modalidad protegida tras el maltrato sufrido.

La Justicia mendocina determinó que la Dirección General de Escuelas (DGE) debe indemnizar con $3.717.781,82 más intereses a la familia de una adolescente que fue víctima de bullying en una escuela pública de Godoy Cruz.

El fallo, sin precedentes en la provincia, se basó en que la institución educativa no activó los protocolos correspondientes ni protegió adecuadamente a la menor, incumpliendo así su deber de cuidado.

La víctima, de 11 años, sufrió insultos, agresiones físicas y discriminación digital. Estas situaciones derivaron en una profunda crisis emocional que obligó a internarla durante cuatro días en el hospital pediátrico Humberto Notti, con un diagnóstico de ansiedad severa y depresión. Además, se documentaron lesiones físicas y un impacto del 20% de incapacidad permanente.

En Verdades Afiladas, dialogamos con el Dr. Mauricio Miranda, abogado de la familia de la menor, quien explicó los fundamentos legales de la condena.

“Hay una responsabilidad objetiva: si uno deja un niño en buen estado de salud en un establecimiento, debe retirarlo en buen estado de salud, y esto no ocurrió en este caso”, señaló Miranda.

El letrado también cuestionó el accionar de la escuela: “Lo que hizo la escuela fue tratar de acreditar que se realizaron los protocolos, pero estos fueron inocuos y no pudieron evitar el daño a la menor”.

Actualmente, la adolescente terminó la primaria y cursa la secundaria bajo un esquema de “escuela protegida”, lo que implica que no asiste de forma presencial debido a la vulnerabilidad emocional que quedó como secuela.

“Trató de ir a la escuela, pero es de a poco. Ella está bajo tratamientos y un proceso gradual para reintegrarse”, agregó Miranda.

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