El Intendente de Capilla del Monte Fabricio Díaz confirmó el apoyo unánime de Punilla ante el embargo millonario. El objetivo es negociar un plan de pago para no dejar a Cosquín sin servicios básicos.

La ciudad de Cosquín enfrenta una crisis financiera sin precedentes tras la orden judicial de un embargo de fondos coparticipables por juicios iniciados hace más de 20 años. La deuda, cuyo capital e intereses superan los $6.500 millones , llevó a los intendentes del departamento Punilla a unirse para expresar su solidaridad y preocupación ante la situación.

En el programa En Alassia es Noticia, dialogamos con Fabricio Díaz , Intendente de Capilla del Monte y Presidente de la Comunidad Regional de Punilla , quien advirtió sobre el impacto de la medida. Díaz fue categórico sobre la imposibilidad de afrontar el monto: "No existe forma física ni económica de poder cubrir eso para una ciudad. El compromiso económico es tan grande que no va a poder afrontar los servicios, no va a poder afrontar los gastos que tiene el municipio".

La amenaza directa a la población.

El riesgo principal del embargo es la interrupción de los servicios esenciales que depende de la coparticipación embargada (que representa hasta un 33% de los ingresos). Díaz detalló las consecuencias si el fallo judicial se ejecuta: "Si les llegan a ejecutar este embargo, están en un problema, porque no se van a poder cumplir los compromisos para poder seguir con los servicios de la limpieza, de la recolección de residuos, de la gestión ambiental..."

El Intendente explicó que la deuda se generó y se fue "pateando" por administraciones anteriores, pero ahora la situación escaló a una instancia de "ejecución firme". Por ello, el apoyo de los intendentes de diferentes colores políticos de Punilla busca visibilizar el riesgo y forzar un acuerdo.

El llamado al diálogo

A pesar de la sentencia judicial, los intendentes confían en que se pueda lograr una solución extrajudicial que evite el colapso del municipio. Fabricio Díaz concluyó: " Lo que planteamos es una instancia de diálogo porque lo reclamado se va a tener que pagar ". La esperanza es pactar un formato de pago que no perjudique a los vecinos de la ciudad, quienes serían los afectados directos por el cese de los servicios públicos.

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