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La iniciativa busca establecer estándares mínimos en todo el país tras distintos casos de ataques. Todavía debe ser debatida en el Congreso.

El caso de Trinidad, la adolescente de 15 años que murió tras ser atacada por dos perros dogos en Córdoba, volvió a poner el foco en la responsabilidad de quienes tienen a su cargo animales potencialmente peligrosos. En ese contexto, se impulsa en el Congreso un proyecto de ley para establecer estándares mínimos de prevención y seguridad en todo el país.

La iniciativa propone que los propietarios tengan un seguro de responsabilidad civil para responder ante eventuales daños. También contempla la colocación de un chip a partir de los cuatro meses y la inscripción en un registro conectado con las provincias y los municipios. “Uno puede establecer estándares mínimos y además modificar cuestiones de fondo”, explicó la diputada nacional Alejandra Torres.

El proyecto también plantea sanciones para los casos en los que un perro potencialmente peligroso intervenga en un homicidio culposo o lesiones culposas. A su vez, prevé multas administrativas cuando no se cumplan las medidas de prevención y seguridad exigidas. Torres remarcó que el control quedará principalmente en manos de las autoridades locales: “La nación va a controlar la plaza de la esquina de mi casa para ver si hay perros sueltos. No, eso lo hace la municipalidad y lo hace la provincia”.

La propuesta también busca responder a otro problema que comenzó a advertirse después del caso Trinidad: el abandono de perros potencialmente peligrosos. El proyecto establece obligaciones para los lugares de cría y resguardo de estos animales, mientras que las provincias y municipios deberán definir cómo abordar los ejemplares que queden en la vía pública.

La iniciativa todavía no es ley. De avanzar en el Congreso, las provincias y los municipios deberán adherir para aplicar el esquema en sus territorios. Torres explicó que Córdoba y la Municipalidad de Córdoba ya cuentan con medidas vinculadas a esta problemática y que las multas previstas por el proyecto podrían aportar recursos para reforzar los controles.

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