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El proyecto contempla penas de hasta 20 años de prisión, multas millonarias y la creación de un Consejo de Seguridad Nacional.

El Gobierno de Javier Milei envió al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, con el objetivo de ampliar las herramientas del Estado frente a actividades no autorizadas sobre recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y la Plataforma Continental Argentina.

La iniciativa propone reemplazar el régimen vigente desde 2011 por un esquema de sanciones más severo. Para quienes exploren o exploten hidrocarburos sin autorización se contemplan penas de hasta 20 años de prisión, mientras que las empresas involucradas podrían perder permisos, beneficios fiscales y quedar impedidas de contratar con el Estado.

El proyecto también alcanza a quienes faciliten esas actividades. Proveedores de bienes y servicios, como empresas de logística, transporte o tecnología, podrían recibir penas de entre 5 y 7 años de prisión si conocen el destino de los recursos o servicios que brindan.

Otro de los ejes es la creación del Sistema de Seguridad Nacional y de un Consejo de Seguridad Nacional, que será presidido por el Presidente. El organismo buscará coordinar las áreas de defensa, política exterior, economía, inteligencia, ciberseguridad y protección de infraestructura crítica.

El texto incorpora además nuevas reglas para la protección del espacio aéreo y marítimo frente a posibles amenazas. Se establece una serie de medidas progresivas para aeronaves y buques considerados hostiles, incluyendo advertencias y, en determinadas circunstancias, el uso de la fuerza bajo autorización presidencial.

El proyecto ingresó a la Cámara de Diputados y ahora deberá comenzar su tratamiento parlamentario. La iniciativa forma parte de la estrategia del Gobierno frente a las actividades de empresas extranjeras vinculadas con la explotación de recursos en el Atlántico Sur.