Gremiales

El secretario general del gremio rechazó el piso del 75% de presencialidad obligatoria y las inspecciones de Nación en las escuelas. "El acatamiento va a ser muy alto, entre el 75% y el 80%", expresó.

En el marco de una nueva medida de fuerza en las aulas, la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) anticipó un alto acatamiento al paro nacional docente convocado para este lunes. En Radio Continental Córdoba, Roberto Cristalli, secretario general del gremio, expresó en declaraciones radiales la firme postura del sector al proyectar el nivel de adhesión que tendrá la protesta en las escuelas de la provincia: "El acatamiento va a ser muy alto, entre el 75% y el 80%".

La principal disconformidad del sector docente radica en la iniciativa del Gobierno nacional, a través del Ministerio de Capital Humano, de fijar un 75% de presencialidad durante las jornadas de protesta. Cristalli rechazó enfáticamente la intención de considerar la educación como un servicio esencial para limitar las huelgas y sostuvo: "La educación no es un servicio esencial. Hubo fallos de la Corte Suprema que así lo establecieron".

Profundizando en su postura frente a las resoluciones dispuestas por el Poder Ejecutivo nacional, el representante de los educadores cordobeses cuestionó la legitimidad del instrumento legal utilizado para condicionar las medidas de fuerza. En ese marco, Cristalli afirmó de manera contundente sobre los objetivos de la gestión central: "Pretendía impedir el derecho a huelga y cercenar la posibilidad de tener una medida de fuerza contundente".

Asimismo, el titular de la UEPC remarcó los límites normativos y territoriales que posee la Nación al pretender auditar o controlar la asistencia dentro de los establecimientos locales. Cristalli aseguró que la administración central "no tiene poder para intervenir en las escuelas provinciales", al tiempo que solicitó formalmente a los directivos e instituciones educativas de la provincia no entregar datos ni información sobre el personal a personas ajenas al Ministerio de Educación de Córdoba.

Respecto de las consecuencias económicas que la jornada de huelga podría implicar en el salario de los maestros, la conducción gremial trasladó la responsabilidad de la contención al gobierno de Martín Llaryora y remarcó: "Esperamos que el Gobierno Provincial no haga el descuento, porque este es un reclamo nacional por fondos que deben llegar a las provincias".

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