Córdoba

El Gobierno de la Provincia de Córdoba formalizó el procedimiento para que el Estado recupere el dinero invertido en despliegues policiales ante incidentes en ámbitos educativos.

El Ministerio de Seguridad de la Provincia ha formalizado el procedimiento administrativo para que los gastos derivados de amenazas de bomba, hechos de violencia o conductas de riesgo en las escuelas sean costeados por los adultos responsables.

1. Identificación judicial de los responsables El proceso se dispara con una comunicación del Ministerio Público Fiscal. Este informe individualiza a los autores y participantes del hecho, pero principalmente aporta los datos de contacto y domicilios de los adultos responsables.

2. Requerimiento de costos a la Policía Una vez recibido el informe fiscal, la Secretaría de Seguridad solicita formalmente a la Jefatura de Policía que determine cuánto dinero costó el despliegue operativo para esa incidencia específica.

3. Creación del legado probatorio Para que el cobro sea legalmente sólido, se conforma un expediente digital. Este incluye informes técnicos, actas de las fuerzas que participaron (como la Brigada de Explosivos), registros de comunicaciones del 911 y toda documentación que sirva como prueba del servicio prestado.

4. Clasificación de la complejidad del operativo La Dirección General de Gestión Administrativa de la Policía define si el operativo fue de baja, media o alta complejidad. Aquí se calcula el valor del personal humano y los recursos materiales de unidades especiales como Bomberos o Investigaciones Criminales.

5. Liquidación final de gastos Con todos los datos técnicos sobre la mesa, se cuantifica el monto exacto que el Estado Provincial desembolsó. Esta cifra es la que se utilizará para la intimidación extrajudicial.

6. Intimación de pago y plazo de 5 días Se envía una orden de pago a los padres o tutores. El plazo es perentorio e imprrogable: 5 días hábiles para depositar el dinero en una cuenta bancaria oficial (CBU). El Estado aclara que, si surgen daños mayores posteriormente, se reserva el derecho de reclamar más fondos.

7. Notificación policial y derivación judicial Para garantizar la celeridad, la notificación es entregada directamente por personal policial. Si vencido el plazo el pago no se acredita, el caso pasa a la Fiscalía de Estado ya la Procuración del Tesoro para iniciar el juicio de cobro de inmediato.