La Legislatura de Córdoba aprobó una modificación del Código de Convivencia que prohíbe la actividad de cuidacoches ilegales, limpiavidrios y picadas en la vía pública, con el objetivo de reforzar el orden urbano y mejorar la seguridad en calles y espacios públicos.
La nueva normativa establece sanciones de hasta seis días de arresto para quienes cobren por estacionar sin autorización municipal o realicen tareas de limpieza de vidrios en la vía pública. En tanto, los cuidacoches habilitados que incumplan las condiciones —como cobrar montos indebidos o trabajar fuera de las zonas permitidas— podrán enfrentar penas de hasta tres días.
El presidente provisorio de la Unicameral y titular de la Comisión de Seguridad, Juan Manuel Llamosas, explicó que la ley “prohíbe en la provincia la actividad de cuidacoches que no estén autorizados por los propios municipios”, y aclaró que aquellos que estén en regla podrán continuar trabajando bajo condiciones específicas de identificación y control.
En ese sentido, remarcó que la medida apunta a llevar tranquilidad a los ciudadanos: “Lo que se pretende es generar más tranquilidad y orden, especialmente en las ciudades grandes, para que los vecinos sepan que quien cuida un auto está identificado y cumple con las normativas”.
La ley otorga un plazo de 30 días hábiles para que los municipios adecuen sus ordenanzas y definan los mecanismos de registro, identificación y control. En ciudades como Córdoba capital, donde ya existe un sistema regulado, se prevé su actualización, incluso con herramientas tecnológicas como códigos QR para verificar la autorización de los trabajadores.
Llamosas también subrayó que la implementación no será inmediata: “No es de un día para otro, hay un proceso de adecuación. Hay que esperar los 30 días para que los municipios puedan adherir y reglamentar la norma”.
Además, explicó que las sanciones no se limitarán al arresto, sino que podrán incluir trabajo comunitario o multas, según lo determine el Ministerio Público Fiscal en cada caso. “La intervención de la policía busca disuadir y evitar que continúe la conducta, algo que antes no sucedía si había un pago voluntario”, indicó.
La normativa también contempla un enfoque social, con programas de capacitación y alternativas laborales para quienes dejen estas actividades. “Se van a acompañar políticas de formación en oficios para quienes decidan incorporarse a la legalidad o abandonar estas prácticas”, agregó el legislador.
Finalmente, el funcionario insistió en que el objetivo central es terminar con situaciones de intimidación o cobros indebidos en la vía pública: “Hoy muchos vecinos se sienten amenazados o terminan pagando por miedo. Eso es lo que se busca resolver con esta ley”.
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