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La Cámara de Diputados aprobó la reforma de la Ley de Glaciares tras una sesión marcada por fuertes tensiones políticas y cuestionamientos ambientales. El proyecto fue sancionado con 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones, resultado que fue posible gracias al respaldo de bloques opositores como el PRO, la UCR y representantes de fuerzas provinciales.

Uno de los puntos clave para el avance de la iniciativa fue la presencia de los diputados cordobeses Ignacio García Aresca y Alejandra Torres, quienes contribuyeron a habilitar el quórum necesario para iniciar la sesión. Ambos ya habían sido señalados por su rol en votaciones previas, como en el debate por la reforma laboral.

La propuesta fue impulsada por gobernadores de provincias nucleadas en la denominada “Mesa del Cobre y del Litio” —San Juan, Salta, Catamarca, Jujuy y Mendoza—, con el objetivo de reforzar la autonomía provincial sobre los recursos naturales. En ese marco, la nueva normativa habilita a las jurisdicciones a autorizar actividades mineras en zonas periglaciares, siempre que estas no sean consideradas reservas hídricas estratégicas según sus propios criterios.

Desde sectores críticos advirtieron que la modificación podría poner en riesgo ecosistemas sensibles y reservas de agua dulce, al flexibilizar las restricciones vigentes. Además, durante el debate volvieron a surgir denuncias de presunto lobby minero. Entre ellas, se mencionó la posible existencia de reuniones entre directivos de la empresa Glencore y legisladores que respaldaron el proyecto, así como un eventual viaje a Estados Unidos organizado por la Red de Acción Política (RAP).

El debate en torno a la reforma vuelve a poner en el centro de la escena la tensión entre el desarrollo productivo y la protección ambiental, un eje que promete seguir generando controversia tanto en el ámbito político como en la sociedad.