Benjamín Zoncini Astudillo, abogado de Caminos de la Sierras confirmó la presentación judicial tras las protestas que paralizaron el tránsito. Aseguró que las medidas afectaron gravemente a los turistas en plena temporada de verano.

La empresa Caminos de las Sierras formalizó una denuncia penal contra los gremios estatales que realizaron bloqueos sorpresivos en las cabinas de peaje de la Red de Accesos a Córdoba. En Alassia es Noticia, Benjamín Zoncini Astudillo, abogado penalista de la firma, fundamentó la medida basándose en el Artículo 194 del Código Penal, que sanciona el entorpecimiento del transporte. Según el letrado, la magnitud de la protesta excedió los límites del reclamo legítimo, afectando el derecho a la libre circulación de miles de ciudadanos.

En una entrevista exclusiva, Zoncini Astudillo fue contundente al describir la situación vivida en las rutas provinciales. El abogado enfatizó la gravedad de los hechos al declarar que “lo de ayer fue, no grave, gravísimo, fue el mismo infierno del Dante... bloquearon dos cabinas de telepeaje y se formaron colas a cuatro kilómetros”. Esta situación generó un caos vehicular que demandó la intervención de las fuerzas policiales para disuadir a los manifestantes y evitar incidentes mayores.

Uno de los puntos más críticos señalados por la empresa es la coincidencia del conflicto con el pico de la temporada turística. El representante legal de la concesionaria lamentó las consecuencias del reclamo gremial, señalando que “la gente que está vacacionando, viene a la provincia de Córdoba a descansar y queda envuelta en una manifestación”. Para la empresa, esta modalidad de protesta perjudica directamente la imagen de la provincia como destino y castiga a usuarios ajenos al conflicto laboral.

Finalmente, la firma solicitó ser admitida como querellante particular en la causa que investigan las fiscalías de turno durante la feria judicial. Zoncini Astudillo advirtió que, ante el anuncio de los gremios de repetir estas acciones de manera sorpresiva, la Justicia debe actuar con celeridad para garantizar la seguridad vial. La denuncia no solo apunta al entorpecimiento del tránsito, sino que busca sentar un precedente legal que impida la repetición de lo que calificaron como una "metodología ilícita".