Tras su publicación en el Boletín Oficial, la Ley N° 11.096 ya rige en toda la provincia de Córdoba. La normativa moderniza el uso de luces, introduce el concepto de reiterancia y digitaliza los procesos de control.

El Gobierno Provincial publicó la Ley N° 11.096 en el Boletín Oficial. Los cambios incluyen el reconocimiento de luces DRL, el concepto de "reiterancia" de multas y la digitalización total de los controles.

Nuevas reglas para el uso de luces

Uno de los cambios más esperados por los conductores es la incorporación de las luces diurnas automáticas (DRL). La ley ahora las reconoce como una alternativa válida a la luz baja durante el día, siempre que las condiciones de visibilidad sean óptimas. Sin embargo, en situaciones de riesgo climático como lluvia intensa, niebla o humo, el uso de la luz baja tradicional sigue siendo obligatorio para todos los vehículos.

El impacto de la reiterancia y sanciones

La reforma pone el foco en los infractores recurrentes mediante la figura de la reiterancia. Se considera que un conductor incurre en ella cuando comete nuevas faltas antes de que una sanción previa quede firme. En estos casos, la autoridad podrá aplicar medidas preventivas y agravar las multas. Asimismo, el Cuadro General de Infracciones ha sido actualizado para sancionar con mayor precisión conductas peligrosas como las picadas ilegales, la conducción negligente y la fuga tras un siniestro.

Tecnología y modernización de trámites

La digitalización es un pilar central de la Ley N° 11.096. A partir de ahora, se habilita el uso de dispositivos electrónicos y medios remotos para la constatación y documentación de infracciones. Esto agilizará tanto el registro de las multas como las notificaciones administrativas.

En sintonía con esto, se facilita el derecho a defensa: aquellos conductores que vivan a más de 60 kilómetros del lugar de la infracción podrán gestionar sus descargos a través de plataformas digitales oficiales, evitando traslados innecesarios.

Actualización legal y vigencia

Finalmente, la ley actualiza la terminología jurídica hacia conceptos más inclusivos, como el de "personas con discapacidad", y establece un marco de transparencia para la convivencia vial. La normativa entró en vigencia de inmediato tras su publicación, consolidando un cambio profundo en el régimen de tránsito provincial para proteger la vida de los ciudadanos.