La fiscalía estimó que el perjuicio económico causado por estas maniobras ascenderá a unos 220 millones de pesos. El exsecretario Gabriel Suárez fue condenado a 6 años y el actual titular Jorge Molina Herrera a 4 años y 6 meses.

El Tribunal Oral Federal N°1 de Córdoba dictó sentencia en la causa que investigó a los máximos dirigentes del Sindicato de Luz y Fuerza por uso indebido de fondos gremiales. El fallo principal recayó sobre el exsecretario general, Gabriel Suárez, quien fue condenado a seis años de prisión por los delitos de lavado de activos de origen ilícito y coautoría de defraudación. Por su parte, el actual titular del gremio, Jorge Molina Herrera, recibió una pena de cuatro años y seis meses de cárcel, únicamente como coautor del delito de defraudación.

Tras conocerse el veredicto, el abogado defensor, Tristán Gavier, confirmó el alcance de la sentencia: “Han sido condenados por decisión unánime, por defraudación, por administración fraudulenta y únicamente Gabriel Suárez fue condenado también por lavado de activos de origen ilícito.”

Detalles del Fallo y Desvío de Fondos

En total, nueve acusados fueron juzgados en el proceso, y todos resultaron absueltos del cargo de asociación ilícita, un hecho que había sido uno de los ejes principales de la acusación fiscal.

La investigación se centró en el presunto desvío y uso indebido de millonarios fondos que pertenecían a la caja de jubilados y pensionados del sindicato, que habrían sido utilizados para diversas maniobras fraudulentas. La fiscalía estimó que el perjuicio económico causado por estas operaciones ascendía a unos 220 millones de pesos.

Frente a la imputación de defraudación, la defensa argumentó que el destino final del dinero no fue el enriquecimiento personal de los dirigentes. Gavier sostuvo que "Entiendo que ese desvío de fondos ha sido en beneficio de los afiliados", aludiendo a que el dinero se habría utilizado para servicios como turismo y préstamos, aunque esta práctica estuviera prohibida por los estatutos del fondo.

Apelación y Ejecución de la Pena

Es fundamental destacar que las penas impuestas no son de cumplimiento efectivo inmediato. Los condenados permanecerán en libertad hasta que el fallo judicial adquiera firmeza, un proceso que podría demorar, ya que las defensas anunciaron que apelarán la decisión y llevarán el caso a instancias superiores.

El exsecretario Gabriel Suárez fue condenado a 6 años y el actual titular Jorge Molina Herrera a 4 años y 6 meses por desviar fondos que causaron un perjuicio de $220 millones. No obstante, ambos permanecerán en libertad hasta que el fallo quede firme.